PHOENIX - El sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, autodenominado el "más duro de Estados Unidos", recibió una mala noticia: la Junta de Supervisores del Condado Maricopa aprobó el jueves por unanimidad varias restricciones financieras a su oficina por sospecharse que el dinero no se ha usado de forma correcta.
Rendición de cuentas
Con la decisión, los Supervisores decidieron forzar a Arpaio a justificar la necesidad de cuentas bancarias externas y limitar el uso de las tarjetas de crédito de sus empleados.
También solicitaron que se desarrolle una política que limite los viajes que no son relacionados con emergencias de la oficina del alguacil de Maricopa.
En respuesta a las advertencias de Arpaio de que tales restricciones afectarán la seguridad pública, Tom Irving, abogado de los supervisores, dijo que la junta será flexible con sus nuevas políticas y se tomaran decisiones dependiendo de cada caso.
"Tenemos información de nuestro departamento de presupuesto de que han existido ciertas anomalías ", dijo Mary Rose Wilcox, supervisora del Condado Maricopa.
"Las decisiones políticas que estamos implementado son para controlar el futuro", agregó.
Los supervisores solicitaron el pasado mes de marzo al alguacil que mostrase sus cuentas financieras e incluyendo el detalle de los cargos hechos a tarjetas de crédito y una lista de las cuentas bancarias desde 2005.
Arpaio no cumplió con la fecha límite del pasado 7 de mayo y solicitó la intervención judicial, por lo que un juez del condado Pima, en el sur de Arizona, llevará a cabo una sesión sobre el tema el próximo 4 de junio.
Investigación federal
El Departamento de Justicia (federal) investiga a la oficina de Arpaio por presunta discriminación, así como por realizar allanamientos y decomisos anticonstitucionales, pero no dio detalles de su investigación.
Arpaio considera que la indagatoria se concentra en sus esfuerzos para combatir la inmigración ilegal. El policía niega insistentemente que categorice por cuestiones raciales a los detenidos y señala que las personas abordadas por las autoridades durante las operaciones han sido seleccionadas porque los agentes tenían causas para suponer que habían cometido delitos.
No fue sino hasta posteriormente cuando los agentes descubrieron que muchos detenidos eran inmigrantes indocumentados, ha dicho Arpaio.
Arpaio, además, está siendo investigado por el Departamento de Justicia tras una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que lo acusó en 2009 de excesos en la ejecución del programa 287(g) y abuso de poder.
Un informe preliminar de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), divulgado en julio de 2009, mencionó preocupación de la entidad por la negativa de Arpaio para que miembros de la entidad visitaran un centro de detención de inmigrantes en Maricopa, hablaran con los reos y tomaran datos sobre quejas y denuncias por malos tratos.
La Comisión determinó que en varios centros carcelarios del DHS los inmigrantes viven en "condiciones inaceptables" y que en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado".
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